La llamada al 911 reportó un aparente suicidio.

El mes pasado un contratista federal llamó a los servicios de emergencia desde un centro de detención de inmigrantes en El Paso para reportar que un hombre cubano de 55 años “intentó ahorcarse”.

Al día siguiente, según información oficial, Geraldo Lunas Campos había muerto, marcando la segunda muerte en cuestión de semanas en Camp East Montana, un conjunto de carpas que fue construido apresuradamente el año pasado en Fort Bliss. Funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) atribuyeron su muerte a un “malestar médico”.

Pero el médico forense dictaminó que su muerte fue un homicidio — murió sofocado. La autopsia determinó que Lunas Campos quedó inconsciente mientras era restringido físicamente por fuerzas del orden público.

Su muerte, que hasta ahora no ha dado lugar a ninguna investigación penal ni a cargos, ha renovado el escrutinio no solo sobre ese campamento, sino también sobre las condiciones en casi dos docenas de centros de detención de ICE en Texas.

En el lapso de apenas seis semanas entre diciembre y enero, seis personas murieron mientras estaban detenidas por ICE en Texas — tres de ellas en Camp East Montana. Las muertes comenzaron con un hombre guatemalteco de 48 años, Francisco Gaspar-Andrés, quien según ICE murió el 3 de diciembre por insuficiencia hepática y renal después de haber estado hospitalizado durante más de dos semanas tras su detención.

Los centros de detención enfrentan mayor sobrepoblación y escasez de personal a medida que la administración del presidente Donald Trump intensifica su agenda migratoria en el interior del país, según expertos. Los cruces fronterizos ilegales han disminuido drásticamente debido a las restricciones de la administración. Datos federales muestran que la mayoría de las personas actualmente detenidas por ICE no están acusadas de delitos más allá de infracciones civiles migratorias.

La expansión de las detenciones de ICE está “acompañada de una disolución de supervisión, una reducción de los estándares de detención y restricciones draconianas a las liberaciones”, dijo Claire Trickler-McNulty, una ex alta funcionaria de ICE durante las últimas tres administraciones. “Eso parece destinado a provocar más muertes, problemas médicos y traumas para los detenidos”.

Treinta y dos personas murieron bajo custodia de ICE en todo el país el año pasado, superando el récord anterior de 20 en 2005, según datos federales. Casi una cuarta parte de las muertes del año pasado ocurrieron en Texas.

Scott Shuchart, un exjefe de políticas en ICE bajo la administración del presidente Joe Biden y un asesor durante la primera administración de Trump en la Oficina de Derechos y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo que la agencia “tenía dificultades para garantizar atención médica adecuada” cuando solía tener una población de detenidos de 35,000 personas. Ahora la agencia está duplicando esa cifra.

El gobierno también dejó de pagar temporalmente a muchos proveedores médicos en octubre debido a cambios burocráticos bajo la administración. Como resultado, durante meses ICE no ha podido reembolsar a funcionarios de salud, incluso por medicamentos recetados o tratamientos de diálisis y quimioterapia, según documentos de ICE con partes expurgadas que fueron reportados por primera vez por el sitio Popular Information.

Portavoces de DHS y de ICE no respondieron a preguntas detalladas de The Texas Tribune.

Texas es la última parada para la mayoría de los inmigrantes que han sido capturados en las redadas de la administración. En febrero, las instalaciones de ICE en el estado contaban con más de 18,700 detenidos — la cantidad más alta del país, según datos federales analizados por Transactional Records Access Clearinghouse, una organización sin fines de lucro que analiza datos gubernamentales obtenidos mediante solicitudes de información pública. En los últimos seis meses, un promedio de cuatro vuelos de deportación han despegado diariamente de Texas, la cifra más alta del país, según ICE Flight Monitor, una organización sin fines de lucro que monitorea esa información. Además, los casos de detenciones ilegales presentados en tribunales federales han ido aumentando — y un porcentaje significativo de ellos proviene de Texas.

El estado es el “modelo y el epicentro del sistema de control migratorio del país, actuando como el embudo de deportación”, dijo Kristin Etter, directora de políticas y servicios legales del Texas Immigration Law Council. “Texas es donde el control migratorio comienza, donde termina y, a veces, donde se hacen ambas cosas”.

¿Qué está pasando en Camp East Montana?

El enorme campamento de East Montana es actualmente el centro de detención de ICE más grande del país, con más de 3,000 hombres y mujeres detenidos en una base militar. Se le considera un modelo de lo que la administración planea construir.

Camp East Montana fue construido en un tiempo récord de dos meses el verano pasado después de que el gobierno le otorgó un contrato de $1.2 mil millones a Acquisition Logistics, una pequeña empresa en Virginia sin experiencia en gestión de centros de detención. El campamento ha estado plagado de problemas desde su apertura. Abundan denuncias de negligencia médica, comida insuficiente o en mal estado y condiciones insalubres; defensores de derechos lo califican como una “crisis humanitaria en desarrollo”.

Más de 45 personas detenidas allí denunciaron presuntos abusos y lesiones graves, según una carta enviada en diciembre a supervisores de DHS y de ICE. Entre las acusaciones se encuentra la hospitalización de un adolescente que dijo que el personal lo arrojó al suelo y lo golpeó, bloqueando cámaras de seguridad y aplastándole los testículos.

Los propios inspectores de ICE detectaron al menos 60 infracciones en las instalaciones del campamento poco después de su apertura, informó The Washington Post en septiembre. El medio de información reportó que, entre las infracciones, los contratistas habían empleado a poco más de la mitad del personal de seguridad que habían prometido. La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, quien no respondió a reiteradas solicitudes de información del Tribune, dijo en un comunicado que “cualquier afirmación de que existen condiciones ‘inhumanas’ en los centros de detención de ICE es categóricamente falsa.” Señaló que a los detenidos se les proporcionan “comidas adecuadas”, atención médica y ropa limpia.

Dos funcionarios que revisaron ese informe de investigación de ICE o recibieron información de la agencia le dijeron al Tribune que las instalaciones no contaban con una política que detallara cuándo o cómo los contratistas pueden usar la fuerza. Tampoco disponían de alguien designado para supervisar las denuncias de agresión sexual, como exigen las regulaciones federales. A los contratistas, además, solo se les impartieron 40 horas de capacitación, una fracción de al menos los 42 días que normalmente se exigen a los agentes regulares de ICE, según esos funcionarios que no estaban autorizados para hablar públicamente.

Acquisition Logistics y dos de sus contratistas encargados de la detención y la atención médica en el campamento no respondieron a preguntas del Tribune, por lo que no está claro si las condiciones han mejorado desde entonces o si se han implementado nuevas políticas.

La representante federal Veronica Escobar, una demócrata de El Paso que ha visitado el campamento al menos media docena de veces, afirmó que las condiciones en East Montana se están “deteriorando” rápidamente.

Después de que se confirmaran allí casos de tuberculosis y COVID-19, ambas enfermedades altamente contagiosas, Escobar dijo que empleados le indicaron que no ingresara a cierta área porque los detenidos aún no habían sido sometidos a pruebas. Pocas personas llevaban mascarilla.

“Basta con que surja un problema grave de salud pública en un lugar donde no ha habido suficiente supervisión y donde la vida, la seguridad y el bienestar humanos no son la prioridad para que haya un impacto de salud masivo en la comunidad”, dijo Escobar en una entrevista. “A los estadounidenses debería importarles cuando estas enormes ciudades de tiendas de campaña o almacenes masivos se erigen muy rápidamente, se llenan con miles de seres humanos y son administrados por corporaciones que priorizan las ganancias, no a las personas”.

¿Qué ocurrió con Lunas Campos?

A pesar de las numerosas quejas en Camp East Montana, ninguna ha resonado tanto como la muerte de Lunas Campos.

Seis detenidos en El Paso declararon ante un tribunal federal que el padre de tres hijos, quien vivió en Rochester, Nueva York, durante casi 20 años antes de que ICE lo detuviera en julio, suplicó durante días que le proporcionaran su medicamento para el asma. Según los detenidos, el personal del centro de detención se negó y lo amenazó con enviarlo a confinamiento solitario.

Tras ser arrastrado con grilletes a una unidad de aislamiento, los detenidos recordaron haber escuchado “lo que parecía el golpe del cuerpo de una persona contra el suelo o una pared”. Dijeron que lo oyeron jadear que ya no podía respirar. Luego, “silencio”.

Chris Benoit, abogado de los hijos de Lunas Campos que ahora están demandando al gobierno, dijo que ellos “quieren establecer la verdad sobre lo que los guardias le hicieron a su padre y exigen rendición de cuentas por su muerte”.

Los fiscales locales y federales aún no han dicho si presentarán cargos penales tras el dictamen del médico forense que concluyó que la muerte de Lunas Campos — quien tenía antecedentes penales previos, incluyendo una condena por abuso sexual infantil — fue un homicidio. Expertos señalaron que anteriormente fiscales estatales han presentado ese tipo de cargos a pesar de que la muerte en cuestión haya ocurrido en alguna propiedad militar, las cuales están bajo jurisdicción federal. El caso sigue bajo investigación interna.

El gobierno federal intentó deportar a los detenidos que presenciaron los últimos momentos de Lunas Campos. Un juez federal en Texas bloqueó ese esfuerzo hasta que dieran su testimonio el mes pasado. Benoit, un abogado en el caso civil, dijo que el paradero de los seis testigos actualmente no está claro.

A finales de febrero, el ICE actualizó discretamente la causa de muerte de Lunas Campos en informes públicos exigidos por el gobierno. Su muerte, según los investigadores federales, fue el resultado del “uso espontáneo de fuerza” por parte del personal para evitar que el padre se “hiciera daño a él mismo”.

Trickler-McNulty, ex alta funcionaria de ICE, dijo que este fue el primer fallecimiento de un inmigrante vinculado a un homicidio que involucrara a personal de ICE que ella podía recordar en al menos 15 años.

Las muertes bajo custodia de ICE suelen deberse a atención médica deficiente o a suicidios, afirmó Shuchart, exfuncionario de DHS durante la primera administración de Trump.

“Las muertes por violencia del personal son otro nivel”, dijo, y las llamó “prevenibles y el resultado de fallas en la capacitación y la supervisión”.

¿Qué ocurrió con las otras muertes bajo custodia de ICE?

Once días después de la muerte de Lunas Campos, Víctor Manuel Díaz, un hombre de Nicaragua de 36 años, se convirtió en la tercera persona en morir en un lapso de seis semanas dentro del campamento ubicado en El Paso.

La llamada al 911 fue similar: “Tenemos una situación aquí”, dijo un contratista a los servicios de emergencia. “Encontraron a alguien que intentó suicidarse”. El contratista agregó que los guardias habían hallado al nicaragüense con unos pantalones atados alrededor del cuello.

A diferencia de Lunas Campos, el cuerpo de Díaz fue trasladado a un hospital del ejército y no a la oficina del médico forense local. Un portavoz militar indicó que el ejército no hará pública su autopsia.

La familia de Díaz no cree que su muerte haya sido un suicidio, según su abogado, Randall Kallinen.

Muchas de las nueve personas que han muerto en centros de ICE en Texas desde el segundo mandato de Trump estaban a mediados de los años cuarenta. Aunque la agencia ha dicho que en su mayoría fallecieron por causas naturales, en varios casos hay investigaciones que siguen en curso y numerosas autopsias no se han hecho públicas.

Por ejemplo, Tien Xuan Phan, un hombre vietnamita de 55 años recluido en el Centro de Procesamiento de Inmigración del condado de Karnes, a las afueras de San Antonio, murió en julio pasado. ICE afirmó que sufrió convulsiones y vómitos antes de quedar inconsciente.

Ocho meses después, la oficina del fiscal del condado de Bexar citó una investigación federal “pendiente” y se negó a divulgar la autopsia de Xuan Phan.

¿Qué se supone que debe ocurrir cuando alguien muere bajo custodia de ICE?

El Congreso impuso normas estrictas sobre cómo deben reportarse las muertes bajo custodia de ICE. Entre ellas, la agencia debe compartir con el público “detalles relevantes” en un plazo de dos días y presentar un informe al personal directivo superior. En un plazo de 90 días, ICE debe hacer públicos esos informes.

Sin embargo, durante el segundo mandato de Trump, según expertos, los reportes de muertes en centros de detención de ICE han sufrido demoras frecuentemente.

Tras la muerte de Lunas Campos en Camp East Montana, por ejemplo, ICE esperó casi una semana antes de emitir un comunicado en el que afirmaba que había fallecido por dificultades. Solo después de que el médico forense informara a su familia que podría tratarse de un homicidio, funcionarios de ICE alegaron que la muerte fue un intento de suicidio. Después, concluyeron que su muerte fue el resultado del uso de fuerza.

Autoridades sin vínculos con el gobierno federal deberían investigar las muertes bajo custodia de ICE y realizar las autopsias, afirmó Angélica César, una funcionaria de Human Rights Watch que monitorea las muertes en centros de ICE en Texas.

Un proceso así “protegería en última instancia tanto a las familias como la integridad del proceso de investigación”, señaló.

ICE carece de protocolos sobre cómo y cuándo realizar autopsias tras la muerte de un detenido, según un análisis de 2024 basado en miles de registros gubernamentales y entrevistas realizadas por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Physicians for Human Rights y American Oversight, una organización investigativa sin fines de lucro.

La agencia, por ejemplo, no ordenó inicialmente una autopsia de Ronald Cruz, un hondureño de 39 años que murió en 2018 mientras estaba en el Centro de Detención South Texas Port Isabel. Solo cuando su familia indicó que pagaría por la autopsia, ICE reveló que Cruz había fallecido por meningitis bacteriana.

Denunciantes calificaron su atención médica de “gravemente negligente”, y expertos señalaron posteriormente que Cruz podría haber sobrevivido con la atención médica adecuada, según el informe de la ACLU. Si hubiera recibido antibióticos o sido trasladado antes a una sala de emergencias, Cruz “probablemente no habría muerto”, de acuerdo a un médico especializado en salud penitenciaria que revisó la evidencia.

En ocasiones, ICE no preserva la evidencia necesaria para investigar las muertes, afirmó Andrew Free, abogado e investigador especializado en fallecimientos en centros de detención. Demandas civiles han revelado que en algunos casos funcionarios de estos centros han destruído grabaciones de video relevantes que habrían facilitado las investigaciones, añadió.

Abogados y denunciantes dijeron que ese pareció ser el caso de Gourgen Mirimanian, un armenio de 54 años que murió en 2018 en el Centro de Detención Prairieland, a 44 millas al sur de Dallas, según el informe de la ACLU. Mirimanian fue hallado inconsciente en su litera y su muerte se atribuyó a una enfermedad hipertensiva y cardiovascular. Sin embargo, funcionarios de ICE informaron después que parte de las grabaciones de seguridad de sus últimas horas de vida no se veían con claridad y que otros videos cruciales “no fueron conservados”.

En Camp East Montana, las autoridades se han negado hasta ahora a compartir grabaciones de video relacionadas con la muerte de Lunas Campos, según su abogado.

¿Qué atención médica reciben los detenidos de ICE?

Aunque las denuncias de abusos y atención médica deficiente han afectado durante años a los centros de detención de ICE, las condiciones para los inmigrantes bajo esta administración han sido más letales, según media docena de exfuncionarios que supervisaron la agencia durante el primer mandato de Trump y la administración de Biden.

Históricamente, muchas de las muertes bajo la custodia de ICE probablemente se pudieron haber evitado con una mejor atención médica, señalaron expertos y defensores, un patrón que genera preocupación ante el vertiginoso aumento de las detenciones bajo la actual administración.

La ACLU examinó la muerte de 52 personas bajo custodia de ICE entre 2017 y 2021. Concluyó que 49 de ellas fueron “probablemente evitables” y ocurrieron en su mayoría a causa de diagnósticos médicos erróneos por parte del personal de los centros de detención. En el 40% de las muertes, el personal de ICE no brindó atención médica oportuna, según el informe.

Abogados y miembros del Congreso afirman que las condiciones han empeorado en estos centros, incluyendo el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, en Dilley, a 70 millas al sur de San Antonio, que se convirtió en un foco de atención después de que se viralizaran fotografías de Liam Conejo Ramos, de 5 años, tras su detención el mes pasado en Minneapolis. Más de 1,300 padres e hijos se encuentran actualmente en ese centro, según legisladores. Desde que la administración de Trump reabrió el centro de detención en abril pasado, se han presentado al menos 1,000 quejas por atención médica deficiente, según Faisal Al-Juburi, codirector ejecutivo del Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services, una organización sin fines de lucro basada en Texas que trabaja en esas instalaciones. El mes pasado se confirmaron al menos dos casos de sarampión en el centro.

Entre los numerosos casos de presunta negligencia médica figura el de un bebé de dos meses que permaneció allí durante tres semanas y fue hospitalizado en los últimos días tras atragantarse con su propio vómito, según el representante federal Joaquín Castro, demócrata de San Antonio. El menor padecía bronquitis, Castro dijo, y permaneció inconsciente durante horas antes de ser dado de alta. Días después, el menor y su familia fueron deportados repentinamente pese a los intentos de Castro y de sus abogados por impedirlo.

“Deportar innecesariamente a un bebé enfermo y a toda su familia es atroz”, afirmó Castro, quien en las últimas semanas ha intensificado sus advertencias sobre el único centro del país que actualmente alberga a padres con sus hijos. Calificó la decisión de ICE de “monstruosa” y prometió exigir explicaciones. Funcionarios del DHS dijeron en X que la madre “eligió llevar a su hijo bajo custodia con ella” y “entrar y permanecer en el país ilegalmente”.

Abogados han descrito que las condiciones en Dilley incluyen agua no potable, escolarización casi inexistente y detenidos obligados a dormir bajo luces fluorescentes, en línea con las denuncias de una demanda en curso que busca impedir que la administración de Trump ponga fin a un acuerdo que ha existido por décadas que regula los derechos de los menores bajo detención. La atención médica es insuficiente incluso para aquellos con enfermedades terminales, como un niño de 6 años con leucemia que fue detenido junto a su familia el año pasado. Recibió poco tratamiento, dijeron sus abogados, antes de que lograran liberarlo.

Brian Todd, portavoz de CoreCivic, la empresa privada que opera centros de ICE en Texas — incluido el de Dilley — sostuvo que las acusaciones de atención médica deficiente “no reflejan el arduo trabajo que nuestro personal realiza cada día para ayudar a las personas en nuestras instalaciones a recibir la atención que necesitan”.

“Médicos, dentistas, profesionales de práctica avanzada, enfermeros y especialistas en salud mental con licencia brindan atención integral a todas horas”, añadió Todd.

También afirmó que las denuncias sobre la falta de agua potable en Dilley son “rotundamente falsas”, ya que los detenidos y el personal consumen la misma agua que el resto de la comunidad.

En el centro de detención Prairieland, a las afueras de Dallas, una mujer de Nueva Jersey arrestada tras una protesta a favor de Gaza en la Universidad de Columbia en 2024 fue hospitalizada este mes después de sufrir una caída en el baño. Leqaa Kordia, de 33 años, declaró la semana pasada a través de sus abogados que las condiciones “asquerosas” del centro la enfermaron y que la caída le provocó una convulsión. Sus abogados y su familia dijeron que no supieron dónde se encontraba mientras permaneció encadenada durante días a una cama de hospital.

Además de ella, otros detenidos incluyen mujeres embarazadas y personas con cáncer terminal y discapacidades graves, afirmó Travis Fife, abogado del Texas Civil Rights Project, una organización estatal por la defensa de los derechos civiles. Las condiciones “hacinadas e inhumanas” amenazan con convertirse en lo que describió como un “desastre de derechos civiles”.

Aunque el Cuerpo de Servicios de Salud de ICE es responsable de ofrecer atención médica a los detenidos, solo presta tratamiento directo en 17 de las más de 200 instalaciones en todo el país, incluyendo seis en Texas. La mayoría de los inmigrantes bajo custodia de ICE se encuentran en centros donde empresas penitenciarias privadas o sus contratistas proporcionan atención médica con fines de lucro.

Durante esta administración, más trabajadores de salud de ICE y sus enlaces gubernamentales han renunciado, citando preocupaciones sobre la calidad de la atención que tienen la capacidad de brindar, según informó NPR.

Charlotte Weiss, abogada en El Paso del Texas Civil Rights Project, dijo que la atención médica deficiente obliga a los inmigrantes a elegir entre permanecer en Estados Unidos a pesar de sufrir graves problemas de salud o darse por vencidos y regresar al peligro de sus países de origen “solo para poder salir”.

¿Habrán más centros de detención en Texas?

A pesar de la creciente resistencia de algunos líderes estatales y locales, la administración de Trump busca abrir instalaciones adicionales de ICE en almacenes de Texas y en todo el país para poder albergar a una población de detenidos cada vez más alta.

Varios de los centros de ICE en el estado estaban al límite o cerca de su capacidad el año pasado, según datos de la agencia.

Con casi 4 millones de casos en tribunales de inmigración, el gobierno necesita más espacio de detención, al menos que logre incitar o forzar a los detenidos a abandonar el país por su cuenta. Ha ofrecido $2,600 a quienes opten por salir voluntariamente. Después de que este mes un dictamen de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito confirmara una política de Trump que busca negar la libertad bajo fianza a inmigrantes detenidos, muchos en Texas permanecerán tras las rejas durante todo su proceso de deportación — el cual puede prolongarse durante años — a menos que decidan regresar a sus países de origen.

Algunas ciudades han protestado contra la expansión de ICE. Residentes en Hutchins, a las afueras de Dallas, rechazaron enérgicamente el plan de la agencia de arrendar un almacén en la ciudad que estaba previsto para albergar a más migrantes que las 8,000 personas que habitan en la ciudad. Este fin de semana, la empresa inmobiliaria propietaria del edificio anunció que no participará en ningún acuerdo con ICE.

La administración también está impulsando un proyecto en el condado de El Paso con capacidad prevista para albergar hasta 8,500 detenidos, aunque funcionarios locales aprobaron la semana pasada una moción para intentar impedirlo. Además, se proyectan al menos dos instalaciones más en McAllen y San Antonio. En esta última ciudad, el representante federal Tony Gonzales, un republicano de de la frontera que representa una parte de San Antonio, prometió que el centro de detención generaría “empleos bien remunerados”, aunque que la alcaldesa de la ciudad, Gina Ortiz Jones, sostuvo lo contrario y exigió mayor transparencia.

Las crecientes preocupaciones en el campamento de El Paso son apenas una muestra de lo que ocurrirá si la administración continúa expandiendo su capacidad de detención, afirmó Escobar, representante de El Paso en el Congreso.

Una expansión de ese tipo sería problemática “no solo para las personas bajo custodia”, dijo, “sino para las comunidades que tendrán que afrontar los riesgos a la salud, la presión sobre sus servicios de emergencia y el impacto en sus hospitales” como consecuencia del aumento de necesidades.

“Proliferar rápidamente el problema”, añadió Escobar, “será una pesadilla”.

Traducido por Alejandro Martínez-Cabrera.